El costo social del progreso
Por Fernando Lema
A dos semanas de expedirse el Tribunal Internacional de La Haya sobre la controversia internacional generada por la implantación de las plantas de producción de celulosa en Uruguay el horizonte sigue borrascoso. El eje del análisis sigue en el terreno político. El debate social no integra aún los matices que contribuyen a ampliar los espacios de la razón frente al fervor de la pasión con el fin de ponderar los riesgos y beneficios de esta irreversible transformación productiva subregional y sobretodo incluir la pluralidad de intereses ciudadanos en el proceso de desarrollo. Esta ausencia analítica no ayuda a integrar los datos complejos y diversos que representa este nuevo, amplio y creciente proceso de desarrollo industrial que transformará el paisaje, el empleo, el comercio, el turismo o las comunicaciones en Argentina, Brasil y Uruguay. Pero además no contribuye a elaborar el insustituible proceso subjetivo que facilita la adaptación al cambio. ¿Que es lo que determina que la innovación sea percibida como una amenaza o un beneficio? ¿Cual es el costo social del progreso? ¿Que factores lo integran? ¿Quien lo asume?.
Hasta que emerge el Renacimiento, en las sociedades clásicas el futuro reproduce de manera casi idéntica el presente. Gradualmente el conocimiento científico que genera la modernidad introduce en la historia una orientación unidireccional y el concepto del progreso. El futuro se identifica entonces con el descubrimiento, el pensamiento científico, la tecnología, su impacto productivo, social, la utopía y el creciente control de las sociedades sobre la naturaleza.
En la segunda mitad del siglo XX, en el marco de inmensas transformaciones medioambientales, sociales y políticas a escala planetaria, se fractura la continuidad histórica y conceptual articulada por la ideología del progreso, llega a su fin la modernidad y se descubre un mundo complejo, diverso, dinámico, crecientemente desigual en lo económico y en lo social. Pero también se rompe la imaginaria seguridad que brindaba el futuro único y predeterminado. Las sociedades comienzan entonces a buscar nuevos caminos, ideas y equilibrios, reguladores de las graves disfunciones producidas por la acción humana en la naturaleza y en la sociedad. En el imaginario colectivo las certezas y las convicciones del progreso son desplazadas por las incertidumbres. Aumenta la resistencia al cambio, crece el fundamentalismo, las expresiones religiosas o místicas, el rechazo de la racionalidad, el temor al futuro, y surgen nuevas formas de protesta y respuesta frente a la inseguridad generada por los procesos de transformación. Pero a su vez emergen con todo vigor en esta etapa de la historia nuevos elementos de una ecuación política que, adecuadamente analizada y resuelta, puede aportar mejores derechos económicos, sociales y culturales para las sociedades. Esta ecuación tiene sus bases en la consolidación de la participación ciudadana en todas las etapas de la vida política y responde a las preguntas: cual es el costo social del progreso?, quien y como se asume?.
Los descubrimientos científicos, el desarrollo tecnológico, los procesos industriales y en general todas las transformaciones producidas por el desarrollo humano tienen un costo social y medio ambiental. La construcción de las plantas de celulosa en el departamento de Río Negro no representa solamente una transformación del paisaje, la generación de empleos, la producción de contaminantes, o una nueva dinámica económica local. Es un problema complejo donde se entrecruzan lo local y lo global, lo político, lo técnico y lo social. También revela la existencia de fronteras del pensamiento que dificultan el acceso a lecturas transversales capaces de desplazar el enfoque exclusivamente técnico, jurídico, político o territorial. Porque las actividades productivas también impactan el imaginario social y plantean un conflicto de intereses entre los daños y beneficios potenciales.
La ilusoria expresión de libertad individual, de poder sobre la máquina, de manejo del espacio y el tiempo, que se asocia con el automóvil, desplaza en el imaginario colectivo las consecuencias reales de su uso. Las dificultades generadas en la sociedad, mayores que el costo de una guerra, son percibidas y justificadas como una inevitable consecuencia del progreso. En la ecuación costo beneficio social sobre el uso del automóvil los datos de la realidad son enmascarados por los imaginarios beneficios individuales. En el caso de las plantas productoras de celulosa la percepción social del problema transforma los datos de la realidad que son interpretados de manera opuesta de un lado o del otro del río Uruguay. Todos los estudios técnicos realizados hasta la fecha sobre el impacto de esta implantación industrial no logran identificar signos de grave contaminación medio ambiental. Tampoco los antecedentes científicos resultantes del estudio de fábricas similares. El análisis jurídico internacional no revela fallas de procedimiento. En cambio la percepción subjetiva de la sociedad entrerriana sigue alimentando el temor, el riesgo y la incertidumbre frente al futuro. Por el contrario un cierto aire triunfalista frente al pronunciamiento de La Haya invade el imaginario uruguayo. Ambas posturas no abordan la complejidad técnica, social y medio ambiental de este nuevo proceso de desarrollo industrial que prevé numerosas implantaciones de producción de celulosa en Argentina, Brasil y Uruguay, cuya decisión, en última instancia, tampoco fue adoptada en este continente.
La resolución del conflicto de intereses generados por las diferentes percepciones sociales frente a una acción transformadora no parece lograrse mediante el análisis o la negociación fragmentada de elementos técnicos, políticos o jurídicos. Debería tomar en consideración todas las dimensiones del análisis complejo del problema e incluir el debate social en profundidad de las dificultades y beneficios de las acciones emprendidas, incluyendo las lecturas de la subjetividad, para impulsar acciones políticas que impliquen a todos los actores locales e inicien los necesarios procesos de reparación de los daños objetivos y subjetivos generados por el cambio.
La situación generada por las fábricas de celulosa revela la existencia de un nuevo tipo de conflicto, abierto en el marco de la fractura cultural, social y política de la posmodernidad. Pero también muestra las dificultades heredadas por una decisión que desde su concepción, ya hace varios gobiernos, no tomó en consideración la complejidad del problema y su tratamiento. Revela una forma de hacer política que impulsó acciones sin considerar todos los datos de la realidad y sus interacciones complejas. Que no tomó en consideración la profunda disociación existente entre las expresiones sociales transfronterizas, los indicadores emergentes político-locales, medioambientales o los niveles de información social existentes, para la elaboración de las políticas públicas. Pero esencialmente olvidando integrar en esas políticas la opinión ciudadana de ambos lados del río. No fueron construidos escenarios que incluyeran el debate sobre la desigual distribución social de los beneficios del progreso o asumieran la importancia de la información pública, del desarrollo local, educativo, cultural o social, compensatorios de las dificultades generadas por el cambio y proyectados más allá de los transitorios beneficios del empleo. Las situaciones de cambio se preparan recogiendo información, generando proyectos en diferentes escalas, indicadores sociales y escenarios prospectivos que impliquen a toda la sociedad en su elaboración, debate y adaptación de las propuestas, para poder asumir con mayores consensos y respon
sabilidad ciudadana las acciones transformadoras.
Frente al conflicto que vivimos, que parece marcar con claridad el fin de una forma de hacer política, aún queda tiempo para elaborar alternativas que reparen heridas, que restablezcan vínculos, que preparen nuevos escenarios para la innovación transfronteriza entre pueblos tan próximos en su historia y en su cotidianidad.
Seguramente sea necesario preparar nuevas medidas explicativas en lo técnico que aproximen de una manera más objetiva la realidad. Pero también es importante desarrollar políticas públicas y privadas, compensatorias del daño percibido por las sociedades transfronterizas, en lo educativo, social o cultural. Impulsar políticas de cooperación educativa transfronteriza, de apoyo a la creación de microempresas, de desarrollo de emprendimientos turísticos y culturales. Para transformar la región, de ambos lados de la frontera, en un nuevo modelo de desarrollo multidireccional que evite la reproducción de un fracaso industrial, bien conocido por los pobladores locales.
Porque ninguna acción podrá consolidarse en el tiempo sin la participación activa y responsable de las sociedades locales, analizando los riesgos y oportunidades del modelo propuesto. Pero sobretodo consolidando en la ciudadanía las ventajas del desarrollo local.
Las sociedades tomaron recientemente conciencia que a lo largo de la historia de la modernidad los beneficios del progreso quedaron muchas veces sumergidos por las dificultades laborales, sociales, medioambientales, producidas por las acciones transformadoras y un sentimiento de incertidumbre o de rechazo invade el imaginario social. Quizás porque más allá del necesario debate sobre los costos medioambientales y los beneficios sociales del progreso en este largo proceso de transformaciones que duró cinco siglos, existió una constante, la exclusión de la mayor parte de las personas en las decisiones que les atañen.
Desde esta perspectiva el conflicto que viven las sociedades de Uruguay y Argentina podría convertirse en una oportunidad para las naciones, en un viraje histórico, que desde la teoría y la práctica social de una nueva forma de hacer política, incluya a toda la sociedad y las múltiples dimensiones de la expresión humana, en la construcción de sus posibles futuros.
Queda aún un inmenso libro blanco para escribir entre todos, el del costo ambiental y social del progreso, que más allá de consideraciones negacionistas, fundamentalistas o ideológicas integre los datos de la realidad, el método de análisis científico, las posibilidades tecnológicas, un balance del progreso local y del aporte a la construcción de los necesarios equilibrios globales que esas experiencias representan. Se estará inaugurando una nueva forma de hacer política, que más allá de las intuiciones, la experiencia o el hábil manejo de las presiones sociales formule sus políticas públicas considerando los diversos escenarios de las complejas dimensiones e interacciones de la realidad ambiental y social.
En la segunda mitad del siglo XX, en el marco de inmensas transformaciones medioambientales, sociales y políticas a escala planetaria, se fractura la continuidad histórica y conceptual articulada por la ideología del progreso, llega a su fin la modernidad y se descubre un mundo complejo, diverso, dinámico, crecientemente desigual en lo económico y en lo social. Pero también se rompe la imaginaria seguridad que brindaba el futuro único y predeterminado. Las sociedades comienzan entonces a buscar nuevos caminos, ideas y equilibrios, reguladores de las graves disfunciones producidas por la acción humana en la naturaleza y en la sociedad. En el imaginario colectivo las certezas y las convicciones del progreso son desplazadas por las incertidumbres. Aumenta la resistencia al cambio, crece el fundamentalismo, las expresiones religiosas o místicas, el rechazo de la racionalidad, el temor al futuro, y surgen nuevas formas de protesta y respuesta frente a la inseguridad generada por los procesos de transformación. Pero a su vez emergen con todo vigor en esta etapa de la historia nuevos elementos de una ecuación política que, adecuadamente analizada y resuelta, puede aportar mejores derechos económicos, sociales y culturales para las sociedades. Esta ecuación tiene sus bases en la consolidación de la participación ciudadana en todas las etapas de la vida política y responde a las preguntas: cual es el costo social del progreso?, quien y como se asume?.
Los descubrimientos científicos, el desarrollo tecnológico, los procesos industriales y en general todas las transformaciones producidas por el desarrollo humano tienen un costo social y medio ambiental. La construcción de las plantas de celulosa en el departamento de Río Negro no representa solamente una transformación del paisaje, la generación de empleos, la producción de contaminantes, o una nueva dinámica económica local. Es un problema complejo donde se entrecruzan lo local y lo global, lo político, lo técnico y lo social. También revela la existencia de fronteras del pensamiento que dificultan el acceso a lecturas transversales capaces de desplazar el enfoque exclusivamente técnico, jurídico, político o territorial. Porque las actividades productivas también impactan el imaginario social y plantean un conflicto de intereses entre los daños y beneficios potenciales.
La ilusoria expresión de libertad individual, de poder sobre la máquina, de manejo del espacio y el tiempo, que se asocia con el automóvil, desplaza en el imaginario colectivo las consecuencias reales de su uso. Las dificultades generadas en la sociedad, mayores que el costo de una guerra, son percibidas y justificadas como una inevitable consecuencia del progreso. En la ecuación costo beneficio social sobre el uso del automóvil los datos de la realidad son enmascarados por los imaginarios beneficios individuales. En el caso de las plantas productoras de celulosa la percepción social del problema transforma los datos de la realidad que son interpretados de manera opuesta de un lado o del otro del río Uruguay. Todos los estudios técnicos realizados hasta la fecha sobre el impacto de esta implantación industrial no logran identificar signos de grave contaminación medio ambiental. Tampoco los antecedentes científicos resultantes del estudio de fábricas similares. El análisis jurídico internacional no revela fallas de procedimiento. En cambio la percepción subjetiva de la sociedad entrerriana sigue alimentando el temor, el riesgo y la incertidumbre frente al futuro. Por el contrario un cierto aire triunfalista frente al pronunciamiento de La Haya invade el imaginario uruguayo. Ambas posturas no abordan la complejidad técnica, social y medio ambiental de este nuevo proceso de desarrollo industrial que prevé numerosas implantaciones de producción de celulosa en Argentina, Brasil y Uruguay, cuya decisión, en última instancia, tampoco fue adoptada en este continente.
La resolución del conflicto de intereses generados por las diferentes percepciones sociales frente a una acción transformadora no parece lograrse mediante el análisis o la negociación fragmentada de elementos técnicos, políticos o jurídicos. Debería tomar en consideración todas las dimensiones del análisis complejo del problema e incluir el debate social en profundidad de las dificultades y beneficios de las acciones emprendidas, incluyendo las lecturas de la subjetividad, para impulsar acciones políticas que impliquen a todos los actores locales e inicien los necesarios procesos de reparación de los daños objetivos y subjetivos generados por el cambio.
La situación generada por las fábricas de celulosa revela la existencia de un nuevo tipo de conflicto, abierto en el marco de la fractura cultural, social y política de la posmodernidad. Pero también muestra las dificultades heredadas por una decisión que desde su concepción, ya hace varios gobiernos, no tomó en consideración la complejidad del problema y su tratamiento. Revela una forma de hacer política que impulsó acciones sin considerar todos los datos de la realidad y sus interacciones complejas. Que no tomó en consideración la profunda disociación existente entre las expresiones sociales transfronterizas, los indicadores emergentes político-locales, medioambientales o los niveles de información social existentes, para la elaboración de las políticas públicas. Pero esencialmente olvidando integrar en esas políticas la opinión ciudadana de ambos lados del río. No fueron construidos escenarios que incluyeran el debate sobre la desigual distribución social de los beneficios del progreso o asumieran la importancia de la información pública, del desarrollo local, educativo, cultural o social, compensatorios de las dificultades generadas por el cambio y proyectados más allá de los transitorios beneficios del empleo. Las situaciones de cambio se preparan recogiendo información, generando proyectos en diferentes escalas, indicadores sociales y escenarios prospectivos que impliquen a toda la sociedad en su elaboración, debate y adaptación de las propuestas, para poder asumir con mayores consensos y respon
sabilidad ciudadana las acciones transformadoras.
Frente al conflicto que vivimos, que parece marcar con claridad el fin de una forma de hacer política, aún queda tiempo para elaborar alternativas que reparen heridas, que restablezcan vínculos, que preparen nuevos escenarios para la innovación transfronteriza entre pueblos tan próximos en su historia y en su cotidianidad.
Seguramente sea necesario preparar nuevas medidas explicativas en lo técnico que aproximen de una manera más objetiva la realidad. Pero también es importante desarrollar políticas públicas y privadas, compensatorias del daño percibido por las sociedades transfronterizas, en lo educativo, social o cultural. Impulsar políticas de cooperación educativa transfronteriza, de apoyo a la creación de microempresas, de desarrollo de emprendimientos turísticos y culturales. Para transformar la región, de ambos lados de la frontera, en un nuevo modelo de desarrollo multidireccional que evite la reproducción de un fracaso industrial, bien conocido por los pobladores locales.
Porque ninguna acción podrá consolidarse en el tiempo sin la participación activa y responsable de las sociedades locales, analizando los riesgos y oportunidades del modelo propuesto. Pero sobretodo consolidando en la ciudadanía las ventajas del desarrollo local.
Las sociedades tomaron recientemente conciencia que a lo largo de la historia de la modernidad los beneficios del progreso quedaron muchas veces sumergidos por las dificultades laborales, sociales, medioambientales, producidas por las acciones transformadoras y un sentimiento de incertidumbre o de rechazo invade el imaginario social. Quizás porque más allá del necesario debate sobre los costos medioambientales y los beneficios sociales del progreso en este largo proceso de transformaciones que duró cinco siglos, existió una constante, la exclusión de la mayor parte de las personas en las decisiones que les atañen.
Desde esta perspectiva el conflicto que viven las sociedades de Uruguay y Argentina podría convertirse en una oportunidad para las naciones, en un viraje histórico, que desde la teoría y la práctica social de una nueva forma de hacer política, incluya a toda la sociedad y las múltiples dimensiones de la expresión humana, en la construcción de sus posibles futuros.
Queda aún un inmenso libro blanco para escribir entre todos, el del costo ambiental y social del progreso, que más allá de consideraciones negacionistas, fundamentalistas o ideológicas integre los datos de la realidad, el método de análisis científico, las posibilidades tecnológicas, un balance del progreso local y del aporte a la construcción de los necesarios equilibrios globales que esas experiencias representan. Se estará inaugurando una nueva forma de hacer política, que más allá de las intuiciones, la experiencia o el hábil manejo de las presiones sociales formule sus políticas públicas considerando los diversos escenarios de las complejas dimensiones e interacciones de la realidad ambiental y social.
Fernando Lema