Entrevista a Luis Fernández, Presidente de la Asociación Taxistas de Capital (ATC)
¿Qué es UBER, de dónde viene?
UBER es una empresa de capitales financieros norteamericanos que se ha planteado, internacionalmente, concentrar el mercado del transporte de pasajeros. Su capital es mayor a los 60 mil millones de dólares.
¿Cuál es la situación jurídica y legal de UBER en Buenos Aires?
UBER se ha presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016. Disfrazada bajo el concepto de nuevas tecnologías irrumpe –como lo ha hecho en otras ciudades del mundo– como expresión auténtica de la etapa actual del capitalismo salvaje, desconociendo Estados y Gobiernos (incluidos los de “países desarrollados”), las leyes que regulan la actividad del transporte de pasajeros, las impositivas y las normas sociales que protegen a los trabajadores.
UBER representa el modelo laboral ideal de explotación de mano de obra del neoliberalismo. Su esencia es la precarización del empleo al máximo, logrando extraer de una actividad una ganancia neta para la empresa sobre la base de la superexplotación de sus empleados, cargando sobre ellos el peso del costo material, del riesgo civil y penal devenidos de la propia actividad y el costo laboral de pagarse el empleado sus propios aportes jubilatorios y seguridad social a través del monotributo.
¿Cómo actúa UBER?
Su inversión es absolutamente insignificante. No crea empleos porque se mueve solo a través de su página de Internet. Al contrario, viene a destruir lo ya existente que tiene un marco regulado y protegido por leyes laborales. Generalmente tampoco tiene sede física en las ciudades donde se instala. No agrega un solo viaje nuevo a la demanda existente que, en el caso del taxi, aumenta en las épocas de desarrollo económico y mengua en las de crisis y caída de los ingresos de la población. Sus equipos de emisión y transmisión de datos operan desde el exterior. Los viajes se pagan con tarjeta y transferencia telefónica hacia su sede bancaria en Holanda, del total recaudado se apropian del 25% y giran semanalmente el 75% restante a cada chofer que incorporan. Su recaudación en pesos se transforma en dólares y fuga al exterior. No hay reinversión alguna de las mismas.
Su política es la desregulación. Con total desparpajo expresan que no son ellos los que deben adaptarse a las normas vigentes en cada país sino éstos a su metodología y criterio de trabajo. Quienes acepten trabajar para ellos son considerados “socios”; bajo ese disfraz, se liberan de cualquier pago de aportes sociales, jubilatorios, no respetan leyes sociales (derecho a obra social de salud, despido, etc.).
Promueven el trabajo en negro. No pagan impuesto alguno en los países y ciudades donde actúan. No aceptan ninguna regulación estatal en sus tarifas ni las discuten con nadie (incluyendo a sus chóferes), son bajas para concentrar el mercado y altas cuando lo han logrado. No respetan las normas de seguridad, que existen a favor del usuario: autos sin identificación, sin verificaciones técnicas para transportar pasajeros, choferes sin habilitación profesional, ni exámenes físicos y psíquicos periódicos como el caso de los taxistas de la CABA.
No asumen ninguna responsabilidad sobre el servicio. No exigen seguros para el pasajero transportado.
¿Cómo enfrentan la ATC y las entidades taxistas porteñas el avance de UBER?
Somos conscientes de que nuestro enfrentamiento a UBER será un proceso largo ante la enorme presión política, mediática y financiera que UBER está desarrollando como empresa multinacional. Hace ya casi tres años desde la Asociación Taxistas de Capital (ATC) venimos desarrollando una intensa tarea propagandística y de concientización en nuestro sector y promoviendo la unidad de acción más amplia del gremio en un frente común para enfrentarlos.
Al mismo tiempo nos presentamos ante la justicia de la Ciudad con un amparo que fue resuelto a nuestro favor, declarando la ilegalidad de UBER, y logramos una declaración de la Legislatura porteña y de la Defensoría de la Ciudad de coincidencia con nuestros planteos. También hemos hecho presentaciones ante la justicia de la CABA por evasión, lavado y fuga de divisas al exterior, actualmente en trámite.