Los comercios podrán habilitarse más rápido
Se presentó un proyecto en la Legislatura para que los permisos e inpecciones para habilitar locales comerciales sea más rápido. El objetivo es que se reduzcan los trámites y que el 95% de los rubros pueda tramitarse automáticamente con una declaración jurada.
El organismo encargado de dar estos permisos e la Agencia Gubernamental de Control y fue quien presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que promete simplificar y agilizar los trámites. Se trata de facilitar a emprendedoes y además, más poder de sanción al Gobierno, porque se podrán anular permisos si el comerciante no cumple con lo que declaró.
Hoy las normas que definen el funcionamiento de una actividad dentro de un establecimiento son una superposición de pautas que tienen su origen en el Código de Habilitaciones, de 1976. Después de 42 años, se pretende actualizarlas. Según la AGC, el objetivo es que las normas estén más focalizadas en el desarrollo económico de los emprendimientos que en su control.
Con el Código actual, habilitar un comercio o una industria demora en promedio entre 10 y 40 días, con excepciones que demandan aún más tiempo. El objetivo es llevar ese plazo a cero, a través de una autorización automática. A ella accederán el 95% de las actividades comerciales: minoristas y mayoristas, gastronómicos, industrias y servicios, entre otros.
Ese permiso automático se obtendrá, según plantea el proyecto, con la presentación de una “declaración responsable”, un escrito del titular del establecimiento certificado por un profesional de la construcción, en el que asegura que cumple con los requisitos, que tiene la documentación en regla y que se compromete a mantener su cumplimiento. En la práctica, ese papel bastará para el inicio de una actividad económica. No bien el comerciante presente la declaración responsable, podrá abrir su negocio.
La AGC recibe a razón de 1.000 pedidos de habilitación por mes. Ahora, el Estado fiscaliza en forma previa al comercio, con una inspección. Además, en el proceso interviene un escribano. En adelante, en caso que la ley salga, no habrá escribano ni inspección. Eso sí: en caso de que la AGC advirtiera, en una inspección posterior o por una denuncia, que el comerciante mintió en su declaración, tendrá una sanción mayor e incluso podría anularle la habilitación.
Con el Código actual, es la Justicia contravencional y no la AGC la que tiene la potestad de revocar una habilitación. “Hay comercios que los cerramos y vuelven a abrir, violando la clausura. Algunos, hasta 35 veces. Para nosotros era muy difícil explicarle al vecino por qué pasaba, que el Gobierno no podía revocar la habilitación”, explicó a Clarín Ricardo Pedace, director ejecutivo de la AGC. Y agregó: “Tener el poder de revocar es una cuenta pendiente que esta reforma al Código vendría a saldar”. Hoy se registran unas 250 violaciones de clausura por mes.
Si bien el 95% de la actividad económica que se desarrolla en la Ciudad va a quedar incluida en la posibilidad de conseguir la habilitación au- tomática, en el 5% restante se mantendrán los controles vigentes. En este último grupo están los boliches, geriátricos, locales con capacidad mayor a 350 asistentes, hoteles, establecimientos de salud con internación y estaciones de servicio. También sobre ellos -previa sanción de la ley- la Agencia tendrá la capacidad de sacarles la habilitación.
“Son actividades más riesgosas y no podrán iniciarse hasta tanto la administración pública se los permita. Para funcionar van a necesitar una licencia”, amplió el director general de Habilitaciones, Diego Pérez Lorgueilleux.
Otra de las novedades del proyecto es la obligación de revalidar el permiso. En el caso de las declaraciones responsables -para el 95% de los negocios-, los comerciantes tendrán que actualizar su permiso cada cinco años. Mientras que las licencias -las del 5% restante-, se renovarán cada 15 años.
Además, cuando un negocio cierre, los comerciantes deberán informar a la AGC. Hoy esa obligacióno no existe, y así no se sabe con precisión cuántos comercios hay en la Ciudad.
El proyecto de ley entró la semana pasada en la Legislatura para que los diputados lo debatan en comisiones. Es una norma que se aprobaría con mayoría simple, y como el bloque Vamos Juntos tiene 34 bancas sobre 60, se estima que será sancionado sin trabas. En el Ejecutivo confían que se vote hacia fin de año y entre en vigencia el 1° de enero de 2019.