El protocolo de interrupción legal del embarazo entra en vigencia en la Ciudad

El Gobierno porteño confirmó la adhesión de la Ciudad al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y, de manera paralela, anunció medidas que incluyen un plan de prevención del embarazo no deseado, de asistencia a la mujer gestante y de agilización de las adopciones.
Así lo informó el 3 de agosto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, a través de un comunicado recordó que «el 16 de julio la Legislatura porteña sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas justificadas».
«Respetando esa decisión, el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una embarazada», agregó. De esta manera, el Gobierno porteño determinó no avanzar en el veto de la ley, como lo reclamaron organizaciones «pro vida» en las últimas semanas.
El protocolo nacional establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo proviene de una violación o representa riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.
Establece, entre otras cuestiones, que las personas gestantes que quieran acceder a una ILE solo deberán dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está entre los casos comprendidos por la ley para la intervención.
Agrega que «la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/los profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas», al tiempo que indica que «no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la prestación de una ILE, ya que ponen en riesgo la salud de quien requiere la práctica».
En los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, indica que «la justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE, ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente».
Y plantea que el «profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio».
Antes de la adhesión, la Ciudad contaba con un protocolo de aborto no punible, pero no estaba vigente porque diversas organizaciones habían presentado un amparo ante la justicia por considerarlo restrictivo; y como consecuencia regía una guía de procedimiento recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde su sanción, agrupaciones denominadas «celestes», que se oponen a la ILE y a la legalización del aborto, realizaron campañas en redes sociales y confluyeron en la Legislatura para pedir por la anulación de la ley. Un día después de la votación en la Legislatura, el Arzobispado de Buenos Aires advirtió que la medida «contradice las garantías constitucionales a favor de la vida más desprotegida: la de un ser humano por nacer».

Más allá de la ILE estudiarán «los tiempos gestacionales» y los «métodos adecuados» para la práctica

Las medidas anunciadas por el Gobierno porteño, en paralelo a la entrada en vigencia del Protocolo de Interrupción del Embarazo (ILE), incluyen la intención del Ejecutivo local de «esclarecer los períodos gestacionales» para la práctica y su relación con los «métodos más adecuados» que el sistema de salud «establezca para cada situación».

En ese sentido, precisaron que «en relación a la prevención de embarazos no deseados, se va garantizar que los métodos anticonceptivos lleguen a todas las personas, y profundizar las charlas con jóvenes sobre la salud sexual y reproductiva en el marco de un proyecto de vida».

Por otra parte, impulsarán «el acompañamiento de las personas durante el embarazo» a través de la visita «casa por casa empezando por barrios populares para garantizarle la realización de todos los controles necesarios».

En tanto, anunciaron cambios para «acelerar y simplificar las adopciones» mediante «la ampliación de la cantidad de dispositivos de información para que las familias puedan informarse sobre la adopción en general, sus aspectos legales, administrativos, sociales y psicológicos».

«Reafirmando el compromiso con la plena vigencia del derecho a la libertad de conciencia, se creará un programa de derivación de prácticas de ILE que ofrezca una alternativa a las instituciones con un ideario fundacional distinto al promovido en la ley y, así, garantizar a su vez el acceso a una práctica segura y oportuna a la persona embarazada», agregaron.

También adelantaron que «se van a esclarecer los períodos gestacionales alcanzados por el Protocolo ILE y su relación con los métodos que el sistema de salud establezca como más adecuados a cada situación, así como las normas que regulan su ejercicio».

Sobre esta medida, precisaron que «en el año 2019, el 87% de los casos de ILE en la Ciudad se realizaron en el primer trimestre de gestación y un 13% en el segundo trimestre».

«El Ministerio de Salud trabaja en los procedimientos y mecanismos involucrados. Luego de las 24 semanas la interrupción de un embarazo sólo puede encuadrarse en los causales de riesgo grave e inminente de vida de la madre», evaluaron.

Y concluyeron que «en caso de controversias en referencia a la atención de menores, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar para resguardar los derechos de las niñas y adolescentes».